La tutela y la curatela

Partiendo de la base de que la declaración de modificación de la capacidad es un procedimiento destinado a la protección de las personas con enfermedad mental que presentan dificultades para autogobernarse, también consideramos que su intervención debe restringirse a aquellas áreas donde la persona necesite los apoyos que la tutela o la curatela le proporcione, en la medida que también supone una limitación de su independencia.

Es decir, la tutela debe considerarse como un apoyo más a la autonomía de la persona, pero debe prestarse solamente cuando sea necesario y en aquellas áreas que sean estrictamente indispensables.

Igualmente, también concebimos la tutela por parte de las personas jurídicas como la última alternativa a utilizar dentro de las posibles, frente a la posibilidad de que alguna persona cercana asuma dicha responsabilidad, por lo que debe darse únicamente en aquellos casos en que en el entorno de la persona con enfermedad mental sea inviable o perjudicial para la misma.

Teniendo en cuenta las premisas previas, y pasando al hecho del ejercicio de la tutela, entendemos la misma como un todo único, que, sin embargo, podemos dividir en cuatro dimensiones diferenciadas: personal, social, económico-administrativa y jurídica. En cada una de estas áreas establecemos un método de trabajo individualizado, basado en la aplicación del concepto de calidad de vida y la atención centrada en cada persona, orientada a conseguir resultados de mejora en todas sus dimensiones.

Veamos como se plasma el ejercicio de la labor tutelar en dichas esferas o dimensiones:

Dimensión Personal: 

La intervención se centra, por una parte, en garantizar unas condiciones de vida dignas y suficientes para las personas tuteladas, con los apoyos y servicios necesarios para su mejor calidad de vida; y por otro lado, en las relaciones afectivas, como dimensión clave de la calidad de vida, a través de un trabajo profesional que establezca relaciones significativas con la persona tutelada promoviendo una relación personal con un estilo cercano y sensibilidad, fortaleciendo sus competencias tanto personales como sociales, y sus relaciones, y fomentando el establecimiento de nuevos vínculos, aspecto que se vincula con la dimensión social.

La calidad de vida se mejora cuando las personas perciben que tienen poder para participar en decisiones que afectan a sus vidas, por lo que la metodología de trabajo (planificación centrada en la persona) se fundamenta en la participación activa de la propia persona planteando sus deseos y expectativas, y definiendo sus objetivos y metas, como protagonista principal de su propio proyecto de vida. Por lo tanto, en el cuidado de la persona entendemos que es muy importante crear un clima de confianza, colaboración y negociación con la persona tutelada, informándole de todos los pasos que se van dando y haciéndole partícipe, de las directrices y decisiones respecto a su persona que se van a tomar, favoreciendo la obtención del máximo nivel de autonomía e inclusión social.

En definitiva, el objetivo general es velar por la protección de los/as tutelados/as, con la prioridad de tener en cuenta, en la medida de lo posible, sus deseos, opiniones e intereses, y llegar a un convencimiento y entendimiento con la persona tutelada, todo ello a través de un Plan Integral de Intervención Individualizado.

Dimensión Social:

Como hemos apuntado, en el modelo de calidad de vida la persona se sitúa en el eje de la intervención, y relacionado con ello, no podemos obviar la importancia de su interrelación e interacción con otras personas y grupos de referencia para completar dicha dimensión personal. La calidad de vida aumenta mediante la aceptación y plena inclusión de la persona en su comunidad, siendo aceptados/as por sus semejantes.

Así, el sistema de apoyos se encuentra no solo en los servicios profesionales, sino en su entorno familiar y relacional y en la comunidad, lo que supone coordinar y dinamizar dichos apoyos, avanzando en su consideración como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, que viven y participan en la comunidad, y que han de disponer de los apoyos necesarios en el entorno comunitario para ejercer todos sus derechos en igualdad de oportunidades que las demás personas.

Por todo ello, en está dimensión se aborda, por una parte, la participación activa de las personas tuteladas en todos aquellos ámbitos comunes a la vida cotidiana de los ciudadanos (ocupacional, educativo, laboral, ocio y tiempo libre…), promoviendo su máxima inclusión en entornos comunitarios, así como la coordinación de los apoyos y servicios que reciben. Recursos personalizados creando redes de apoyo adecuadas.

Y, por otro lado, la representación legal y defensa de sus intereses, desde la perspectiva de contribuir al máximo para que participen en la sociedad como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho.

Dimensión Económica-Patrimonial:

En el ejercicio de la tutela, las dimensiones personal, social y patrimonial forman una unidad, aunque en algunos casos la decisión judicial puede separarlas.

Por ello, esta dimensión se centra en el rigor y la eficiencia en la gestión y administración de los bienes de las personas tuteladas, de una manera reflexionada y rigurosa al servicio de las dimensiones personal y social, y en la transparencia al servicio de los Juzgados y otras Administraciones.

En definitiva, para llevar a cabo esta tarea de manera eficiente y rigurosa, se elabora de manera informatizada una contabilidad individual para cada persona. Y para garantizar el cumplimiento escrupuloso de sus obligaciones como representantes patrimoniales y administrativos, se presentan las cuentas detalladas a los estamentos judiciales para que sean aprobadas.

Dimensión Jurídica:

Acciones que procuran la defensa de los derechos de la persona tutelada y representan una protección de la misma en los aspectos civil, penal, administrativo y social, compareciendo ante los juzgados y contando, cuando así se requiere, con el asesoramiento jurídico necesario que derive del ejercicio de la tutela.

En esta dimensión quedan recogidas todas las actuaciones referentes a la supervisión llevada a cabo por el juez respecto al ejercicio de la tutela: rendición de cuentas anuales, solicitudes de autorizaciones judiciales respecto a la persona tutelada, etc….